Prácticas y tecnologías de comunicación presentes en el proceso de discusión de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco y de la Ley de Declaración Especial de Ausencia

Bravo Contreras Martha Leticia

Prácticas y tecnologías de comunicación presentes en el proceso de discusión de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco y de la Ley de Declaración Especial de Ausencia

Virtualis


Resumen

Este texto parte de una investigación que buscó describir qué elementos comunicativos y de las tecnologías de la comunicación fueron cruciales para estructurar un diálogo efectivo entre legisladores y familias buscadoras, para lograr redactar una Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco que respondiera a sus realidades, aun cuando el diálogo ocurrió en plataformas virtuales a causa de la pandemia del Covid-19. Estudiar este ejercicio de diálogo deliberativo y legislación con los familiares de personas desaparecidas (quienes también son víctimas) es necesario para entender cómo las familias colectivizadas y sus instituciones aliadas lograron llevar sus testimonios al espacio político. Es importante conocer si fueron escuchadas y tomadas en cuenta para la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco las experiencias de quienes, finalmente, son las que cargan con el mayor peso de la búsqueda de sus seres amados desde hace muchos años, y son quienes lamentablemente mejor conocen la problemática. Por medio de entrevistas, se analizaron los elementos que hubo en la comunicación y usos de la tecnología de este espacio legislativo virtual, para determinar qué aspectos facilitaron y/u obstaculizaron la transparencia, inclusión, y diálogo deliberativo entre las familias y las y los legisladores, y entender si se incorporó el discurso de derechos humanos en el diálogo.


Palabras clave

personas desaparecidas, derechos humanos, comunicación pública, legislación, tecnologías de la comunicación, .

Introducción

En 2021, la LXII Legislatura en Jalisco creó la Subcomisión Legislativa de Derechos Humanos en materia de Desaparición de Personas y Declaración Especial de Ausencia, siguiendo la propuesta e insistencia del colectivo 'Una Ley Que Sirva' (#UnaLeyQueSirva), conformado por madres, familiares, universidades, y miembros de organismos defensores de derechos humanos. Del 2022 al 2024 la autora desarrolló un estudio para encontrar qué elementos comunicativos y de las tecnologías de la comunicación fueron cruciales para estructurar un diálogo efectivo que tomara cuenta de las realidades de las familias. También para entender cómo, por medio de la comunicación y sus tecnologías, se posicionaron los argumentos y contenidos de derechos humanos que dan a las familias las condiciones para una búsqueda digna, desde el respaldo de organismos y tratados internacionales. Todo esto con el propósito de conocer y compartir estas mejores prácticas, para que se tomen en cuenta las experiencias de los familiares de personas desaparecidas para crear juntas una ley que sirva.

La pregunta central de la investigación fue: ¿cómo contribuyeron las prácticas y tecnologías de la comunicación pública a la estructuración del proceso de discusión de la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco? Las preguntas centrales fueron: ¿Qué actoras y prácticas de comunicación pública estructuraron la discusión de la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco alrededor del discurso de derechos humanos? ¿Cómo fue el uso tecnológico-comunicativo de las actoras e instituciones durante la discusión legislativa? ¿Qué contenidos y discursos relacionados con el de derechos humanos se observaron en la discusión pública, que también se observaron en la discusión legislativa?

Asimismo, los objetivos de la autora de la investigación fueron: 1) explicar qué prácticas comunicativas utilizaron las actoras para estructurar el diálogo entre ellos durante el proceso legislativo, 2) describir cómo fue el uso de la comunicación y la tecnología entre las actoras durante la discusión legislativa, 3) y comprender qué prácticas y discursos de comunicación presentes durante el proceso legislativo incorporaron el discurso oficial de derechos humanos.

Para esta publicación se privilegia el segundo objetivo —describir cómo fue el uso de la comunicación y la tecnología entre las actoras durante la discusión legislativa—, pues resulta el más relevante para el tema de este artículo. No obstante, se incluyen de manera condensada algunos hallazgos vinculados al primer objetivo, únicamente para contextualizar el análisis central.

Contexto

La impunidad y falta de respuesta de las autoridades ante los miles de casos de desaparición y asesinato ha generado un clima de indignación y de movilización social en todo el país, desde la guerra sucia con el Comité ¡Eureka! y derivados, después con la guerra contra el narcotráfico y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y hasta el día de hoy, con miles de familias buscadoras colectivizadas. A partir de estos momentos es cuando se comienzan a organizar los colectivos de familiares de personas desaparecidas con sus aliados defensores, organizaciones nacionales e internacionales, para observar elementos en común, partes estructurales de la problemática, y denunciar la falta de acción del Estado.

Las agrupaciones de familiares de personas desaparecidas, conformadas principalmente por mujeres (madres, esposas, hijas de personas desaparecidas), buscan visibilizar la problemática de las desapariciones forzadas en el país y exigir justicia y verdad para sus seres queridos que han sido llevados con vida. Han usado diversas estrategias y tecnologías dignas de estudio, como marchas, toma de espacios públicos, manifestaciones, pronunciamientos, conferencias de prensa, diálogo con gobierno, alianzas con organismos internacionales, entre otras acciones, para luchar contra la revictimización, presionar a las autoridades por apoyo para la búsqueda y legislación, para que garanticen su protección, y para posicionar su agravio en la mente colectiva de los mexicanos y de la comunidad internacional. Hoy en día, en México, hay más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas, según cifras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MOVNDMX, 2023).

A pesar de las denuncias y movilizaciones por parte de la sociedad civil, la problemática de las desapariciones forzadas en México sigue siendo una de las principales en el país, con un saldo de más de 133 814 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La generación de tantos colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo México es evidencia de la gravedad del problema, pero también de las múltiples voces en resistencia y memoria que existen a pesar de la impunidad.

Aunque sabemos que las leyes pueden no ser suficiente mecanismo de protección en casos de extrema violencia e impunidad, para las y los familiares es importante contar con un marco normativo que sea hecho tras escuchar sus experiencias, y que atienda sus necesidades como víctimas indirectas y como buscadores principales. Para las y los familiares, incidir en la legislación podría ayudar a promover la no-revictimización por parte de las autoridades y la sociedad, y a darles un marco que les proteja y sustente.

A raíz de este contexto de violencia, desapariciones forzadas, desapariciones cometidas por particulares, impunidad, y exigencia de las y los familiares de las personas desaparecidas, en el 2017 se promulga la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley se logró luego de más de dos años de discusión legislativa y trabajo entre legisladores, autoridades, y familiares de personas desaparecidas de diferentes estados. Fue aprobada y publicada en 2017, y entró en vigor en enero del 2018, otorgándoles a los estados la obligación de emitir su propia legislación en un plazo de 180 días.

La Ley General daba un plazo de 180 días a los estados de la república para homologar su ley. Dicho plazo se vencía el 15 de julio del 2018; ningún estado logró publicarla en tiempo. Una de las razones por las que se decidió hacer esta investigación fue porque era impresionante que Jalisco, siendo el estado número uno en desapariciones, hubiese tardado tanto en escribir y publicar su ley, y que esto finalmente sucedió tras la insistencia de las familias buscadoras. Hasta el día en que se terminó este texto, el número de personas desaparecidas en Jalisco era de 15,878 según el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), el cual discrepa de los números del RNPDNO.

Marco teórico

Para la investigación de la cual parte este texto se definieron marcos conceptuales y, con base en ellos, se orientó el análisis empírico. El andamiaje teórico integra tres ejes complementarios: Comunicación pública y deliberación, Tecnologías y comunicación en democracias contemporáneas, y Enmarcado del discurso y acción colectiva.

En el primer objetivo, sobre las prácticas de comunicación pública, se utilizaron los aportes de Manuel Martín Serrano (1994; 2004), quien explica que la comunicación pública organiza tareas colectivas y puede reproducir o transformar sistemas sociales con la introducción de nuevos valores y comportamientos. Este marco permite analizar cómo la comunicación conecta a la sociedad civil con los poderes políticos, y cómo los relatos de las familias buscadoras inciden en la agenda pública. También nos ayudaremos de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, quien ha desarrollado una obra importante para entender la 'democracia deliberativa' y 'la acción comunicativa', dos términos fundamentales para este estudio. Habermas habla de que el escenario ideal para este proceso de comunicación debe tener condiciones de simetría para que los hablantes entren en la argumentación, condiciones que no supongan presiones externas, ni desigualdades (p. 46).

Para el segundo objetivo, centrado en el uso tecnológico-comunicativo, se recurrió al texto de 'What are the affordances of information and communication technologies?', de Grainne Conole y Martin Dyke (2004), quienes introducen el concepto de affordances (o posibilidades) como las propiedades percibidas de un objeto, aquellas que definen cómo podría ser utilizado (Salomon, 1993, p. 51; citado en Conole & Dyke, 2004, p. 115).

Los autores hablan de cómo estas posibilidades de las tecnologías pueden en ocasiones restringir la interacción y el comportamiento entre las y los usuarios. En particular, se utilizaron las affordances de rapidez de cambio (reconocer información nueva como guía en procesos de cambio), diversidad (exponerse a conocimientos y experiencias de otras personas), reflexión (el tener espacios para reflexionar frente a tecnologías asíncronas) y multimodalidad no lineal (las TIC nos permiten aprender e interactuar por diferentes rutas).

Finalmente, para el tercer objetivo, relacionado con los discursos de derechos humanos, se retomó la teoría de Paul Almeida (2020) sobre el enmarcado [framing] en los movimientos sociales. Sus categorías de diagnóstico, pronóstico y motivación permiten comprender cómo los colectivos transforman sus agravios en narrativas públicas y en demandas orientadas a la acción.

En conjunto, estos marcos conceptuales proporcionaron las categorías analíticas que guiaron la codificación y la interpretación de los testimonios sobre el proceso legislativo de la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco.

Diseño metodológico

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, de carácter constructivista e interpretativo con un matiz sociocrítico, ya que buscó comprender los significados y dinámicas de poder presentes en un proceso legislativo histórico (Creswell, 2017). El método empleado fue el estudio de caso instrumental (Creswell, 2017), al analizar en profundidad el proceso legislativo de la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco como un caso particular que ofrece aprendizajes para otros contextos.

El método de análisis correspondió a la codificación cualitativa según la propuesta de Saldaña (2009). Se utilizaron códigos de proceso y descriptivos (métodos elementales), así como códigos de emociones y de valores (métodos afectivos), que permitieron organizar la información en categorías alineadas a los tres objetivos de investigación. Este procedimiento corresponde a un análisis within-case o dentro del caso (Creswell, 2017), pues se estudió a través de las distintas categorías temáticas que hay dentro del mismo caso.

Desde esta perspectiva, el estudio no cuenta con una hipótesis, sino se quiso comprender en profundidad las prácticas comunicativas y los usos de la tecnología que dieron forma al proceso legislativo de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco.

La decisión de no trabajar con hipótesis responde a que la investigación partió de las voces y experiencias de las personas involucradas para identificar, a partir de sus propios relatos, las dinámicas comunicativas y deliberativas presentes en este espacio. En lugar de contrastar datos con proposiciones anticipadas, se privilegió la construcción inductiva de hallazgos que emergieron directamente del material empírico.

Para realizar el acercamiento al objeto de estudio, se realizaron entrevistas semiestructuradas a siete personas que fueron parte importante de la Subcomisión Legislativa: tres mujeres miembros de familias buscadoras colectivizadas (dos de un mismo colectivo), dos diputadas de la LXII Legislatura que fueron llamadas a trabajar en la Subcomisión, un asesor legislativo, y dos académicas que forman parte de organismos defensores de derechos humanos. A las personas entrevistadas se les ofreció anonimato, y todas firmaron una carta de consentimiento informado.

Las entrevistas fueron grabadas en audio y acompañadas de notas; estas entrevistas fueron codificadas con ayuda del software Atlas.Ti y con códigos diseñados por la autora a partir de los objetivos de la autora del estudio.

Los códigos ayudaron a encontrar pistas de lo que se buscaba: qué prácticas de comunicación estuvieron presentes, cómo fue el uso tecnológico-comunicativo de las actoras, y cómo se incorporaron discursos y contenidos de derechos humanos al diálogo deliberativo. Tras tener estas pistas, se analizaron con teorías de Jürgen Habermas, Manuel Martin Serrano, François Demers y Alain Lavigne, Grainne Conole y Martin Dyke, Paul Almeida, y James Bohman.

Figura 1



Mapa de códigos, categorías, y temas para la codificación y análisis de las entrevistas

Explicando qué prácticas de comunicación utilizaron las actoras para estructurar el diálogo entre ellas durante el proceso legislativo

Claro que hemos logrado mucho, hemos logrado mucho porque somos necias, somos tercas las familias, pero más que nada porque hemos contado con el apoyo de universidades, de instituciones, de sociedad civil, de los defensores a los derechos humanos, nos han estado respaldando con ese conocimiento. Entonces han sido a la vez nuestra voz, jurídicamente hablando, pero y también nosotras les hemos dado las armas para que ellos también luchen por nuestros derechos (Familia buscadora 3, comunicación personal, 2023).

Las prácticas comunicativas observadas en la Subcomisión estuvieron fuertemente marcadas por el contexto de pandemia, que obligó a que todas las sesiones fueran telemáticas a través de Zoom. Esto implicó un aprendizaje acelerado tanto para legisladores como para familias buscadoras, quienes debieron adaptarse a nuevas formas de diálogo a distancia y enfrentar la brecha tecnológica en dispositivos y conectividad.

Miembros del Congreso tuvieron capacitaciones técnicas que impartió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, el ITESO y consultoras del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Las capacitaciones para el cuerpo legislativo fueron alrededor de temas técnicos en materia de desaparición de personas, como el depósito ilegal de cuerpos en fosas clandestinas, qué espacios se denominan un lugar de depósito, y otros temas. La homologación de conocimientos significó que las y los diputados comprendieran con mayor profundidad la situación de las desapariciones en el estado. Las familias buscadoras, por su parte, tuvieron una breve capacitación técnica en cuanto al manejo de Zoom meses antes de que la Subcomisión iniciara sus sesiones.

A pesar de que las familias tienen más conocimiento del tema de las desapariciones, se observó que los legisladores creaban una distancia en cuanto al acceso a la información y la participación cuando utilizaban lenguaje legislativo muy técnico.

Yo siempre me acuerdo cuando hablamos en la ley de para la Declaración Especial de Ausencia del… de la supletoriedad de esa ley. […] Entonces de repente se escuchó, no sé si fue Siri, pero tal cual como 'supletoriedad' y la definición, y resultó que una de las familias como que no sabía de qué estábamos hablando. Entonces, ahí fue también volver a explicar qué significa, porque de eso estamos hablando, y como que han sido esos recordatorios también para nosotras, que por mucho que la moderación también aborda o, se usa estos términos más avanzados, más jurídicos, nuestro rol es regresar, que sean los términos o uso de los conceptos más accesibles para que pudiera hacer un proceso verdaderamente realizado en conjunto y con la participación. (Aliada defensora 2, comunicación personal, 2024).

A pesar de no contar con el conocimiento empírico de lo que implica tener un familiar desaparecido, en ocasiones los agentes legislativos ocasionaban un desbalance de poder comunicativo por medio del lenguaje que utilizaban.

En el diseño de las democracias modernas, se debe contemplar la garantía de las y los ciudadanos de participar en la política, y Habermas (2006) enfatiza que debe ser a través de igualdad en derechos de comunicación y de participación (p. 412). Es decir, que se debe garantizar que haya un espacio igualitario para la escucha y el habla, en donde el lenguaje no ocasione irregularidades en las posibilidades de participación ni desbalances.

Una de las prácticas comunicativas del Legislativo que fue fundamental para estructurar el diálogo de estas leyes fue el acto de encorchetar. Encorchetar significaba que, cuando estaban en medio del diálogo y parecía que las partes no llegaban a un consenso, se 'ponía el punto en el tintero', y se dejaba el tema pendiente para otro día, para seguir con los demás artículos.

Tras encorchetar, las diputadas se reunían con sus asesores para discutir esos temas inconclusos, o las peticiones de las familias que habían quedado sin resolver. Los sujetos del legislativo se llevaban de 'tarea' esos temas para revisarlos entre ellos y llegar a la siguiente sesión de la Subcomisión con una propuesta. Las familias también se reunían con sus aliadas de organizaciones defensoras para ver posibilidades de argumentación de sus peticiones. En este sentido, podemos ver en el encorchetado una práctica que promueve la colaboración y la negociación.

Finalmente, una práctica comunicativa que fue crucial, y que nos da pie al siguiente apartado de usos tecnológicos, es la toma de espacios que hizo el colectivo #UnaLeyQueSirva al hacer las clausuras simbólicas del Congreso, para llamar a una denuncia mediática.

La toma de espacios públicos para la denuncia y exigencia social de los colectivos de familias buscadoras ejemplifica muy bien el uso de la comunicación pública como una actividad informativa que puede utilizarse para promover una acción social o difundir objetivos (Martin Serrano, 1994, p. 5), y reclama el uso de espacios simbólicos, como lo es el Congreso, para hacer colocar las exigencias en la agenda pública.

Describiendo el uso tecnológico-comunicativo de las personas durante la discusión legislativa

Nos topamos con cada comentario déspota, arrogante de parte de los diputados, o sea, hubo a veces de repente ocasiones en que dejaban el audio abierto y hacían un comentario así leve, pero así pues que: 'Quieren las perlas de la virgen', algo así. Entonces cerraban, estaba la coordinadora, la anfitriona de la llamada… La que está coordinando todo de repente apagaba los micrófonos. (Familia buscadora 3, comunicación personal, 2023).

El colectivo #UnaLeyQueSirva utilizó las redes sociales y elementos digitales mucho antes de la Subcomisión, para lanzar pronunciamientos de denuncia a las autoridades que querían legislar sin consultarlas a ellas, y para presionar que las incluyeran en la redacción de la ley.

Se acordaba mucho salir al mismo tiempo, en un Twitter dando un aviso, dando una queja, dando la noticia de algo y salíamos, […], entonces se empezaba a hacer una maraña de noticia que no les quedó otra más que de crear la Subcomisión, de ahí del legislativo para que nos atendiera y que a través de ellos se fuera llevando a cabo este proceso. (Familia buscadora 3, comunicación personal, 2023).

La lona que las familias colocaron para clausurar el Congreso iba acompañada de los hashtags #SinLasFamiliasNo y #LeyesDesapariciónJalisco, para posicionar la discusión de las leyes en la esfera mediática, sobre todo en Twitter (X) que es en donde más se utilizaban los hashtags, y darles a sus audiencias las etiquetas (tags) que pudieran ayudarles a seguir estos temas por medios digitales.

La toma de espacios y denuncias mediáticas ejemplifican un escenario común para las democracias de tercer tipo que describen Demers y Lavigne. Los medios masivos en su forma democratizada permiten que todas y todos tengamos derecho a visibilidad pública, solamente con tener acceso a ellos. Las familias y organismos defensores de derechos humanos acudieron a Twitter (X), hicieron uso de herramientas tecnológicas y mediáticas para visibilizar sus demandas, y para informar al público (Demers & Lavigne, 2007, 72-73) sobre la desconexión del gobierno con la problemática de las desapariciones.

Además, tomando en cuenta que la ciudadanía se encontraba físicamente aislada, confinada para protegerse del Covid-19, y, por lo tanto, más en contacto con los espacios virtuales que los físicos, las redes sociales ofrecieron al colectivo 'una vía económica para hablar con varias personas al mismo tiempo' (Demers & Lavigne, 2007, p.74), un camino para para amplificar su denuncia en contra de las acciones del Legislativo.

Ahora que nos adentramos al contexto de la pandemia y a virtualidad, abordaremos el hecho de que las sesiones 'telemáticas' fueron, para algunas un obstáculo, y para otras, más inclusivas. La modalidad virtual les permitía conectarse por medio de Zoom y participar en la Subcomisión, aunque tuvieran otras ocupaciones en horarios muy cercanos a las sesiones, o se encontraran físicamente lejos de donde se hubieran hecho las sesiones presenciales.

Como vimos en el apartado anterior, en ocasiones las y los diputados utilizaban tecnicismos legales durante las sesiones, algunos que las familias no conocían. Ellas, en lugar de ignorar los tecnicismos y tratar de seguir adelante, podían usar sus dispositivos para buscar lo que significaban y poder seguir involucradas en la conversación.

Entonces para mí fue muy práctico que fuera vía Zoom con la tecnología, porque yo podía, en lo que tenía mi micrófono apagado, estar investigando. Estar investigando en Google, estar yo viendo... y estar a la vez atenta. (Familia buscadora 3, comunicación personal, 2023).

Por medio de tecnologías distintas, las personas tenemos hoy acceso a cantidades inmensas de información al mismo tiempo. Este aspecto de poder investigar y buscar conceptos al tiempo que se participa en una videollamada (por medio de una misma conexión en línea) puede analizarse con las affordances de Conole y Dyke. Lo que algunas de las familias buscadoras hacían nos habla de la posibilidad que tenían de acceder a información de manera multimodal. La multimodalidad y no-linealidad que describen Grainne Conole y Martin Dyke (2004) nos permite reflexionar que las participantes de la Subcomisión podían crear y ampliar sus propios caminos de conocimiento, y ser parte del diálogo deliberativo estratégicamente adquiriendo más información (p. 119), aunque los espacios no estuvieran diseñados de ese modo multilinear.

Por su parte, la Aliada defensora 2 comentó que la virtualidad ayudó y obstaculizó al mismo tiempo, permitiendo la participación de más personas (incluso que, para próximos ejercicios, se podría invitar a más familias buscadoras del interior del estado), pero al mismo tiempo siendo una barrera para el contacto cara a cara entre quienes estaban en diálogo:

El espacio de Zoom, a pesar de que, pues no es un espacio directo de comunicación, ha estado desarrollándose en presencia de distintas autoridades, varios de los actores desconocidos y no se ha podido también percibir tanto, pues el lenguaje corporal de las personas o las emociones. Entonces también ha sido una experiencia, pues de alguna manera intimidante (Aliada defensora 2, comunicación personal, 2024).

La manera en la que el colectivo #UnaLeyQueSirva enfrentó ese aspecto intimidante de la virtualidad fue por medio de la socialización de los puntos a tratar de la ley, de platicar previamente con las familias sus experiencias y cómo estas podían ser ejemplo de los cambios que la ley necesitaba, y de la preparación de los argumentos.

Un hallazgo interesante respecto a las tecnologías de la comunicación, y que precisamente ayudaba a organizar las intervenciones de las familias y del colectivo #UnaLeyQueSirva, es el uso de grupos de WhatsApp durante las mesas de trabajo de la Subcomisión. Estos grupos privados eran usados para ponerse de acuerdo de en qué momento pedir la palabra e intervenir, para pasarse las minutas, hasta para sostener riñas por debajo del agua entre los mismos grupos de actores. Una de las personas legisladoras comentó que tenía un grupo de WhatsApp con sus asesores, y que, en algún momento durante una sesión, cuando una de las familias se estaba expresando, parecía haber descontento por parte de un asesor por lo que ella estaba solicitando, y ella en su propio grupo privado le dijo 'Oye, pues cálmate, déjala que se exprese, ¿no?' (Persona legisladora 3, comunicación personal, 2023). Tanto las defensoras como familias buscadoras, por su parte, comentaron que los grupos de WhatsApp servían principalmente para 'alentar a las familias' a hablar en el momento indicado, para recordarles las pautas argumentativas que ya habían platicado en sus reuniones intergrupales previas.

Tanto las familias como las aliadas tenían que poner atención a la videollamada y al grupo de WhatsApp para saber en qué momento era preciso alzar la mano y presentar sus argumentos o vivencias que apoyaran los argumentos:

Exacto, y entonces 'en el artículo tal fracción tal te toca', y ya levantabas la mano ya intervenías, entonces teníamos que estar truchas para todo lo que se estuviera diciendo. Para que nos tocara nuestra intervención. (Familia buscadora 1, comunicación personal, 2023).

El uso de grupos de WhatsApp para coordinar sus participaciones durante la sesión de Zoom también es una muestra de affordances en acción. La multimodalidad no-linear se demuestra en la capacidad que creó el colectivo #UnaLeyQueSirva de fortalecer sus argumentos, y de evocar experiencias para juntas tomar decisiones de qué decir frente a la Subcomisión. Esta interacción privada, separada de las sesiones telemáticas, definitivamente alteró la dinámica deliberativa, construyendo espacios de consenso y preparando a las participantes paralelamente, para el debate oficial.

Podemos añadir también al análisis las affordances que hablan de diversidad y de rapidez de cambio. Con la primera, Grainne Conole y Martin Dyke (2004) describen que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen a las y los usuarios oportunidad de exponerse a las experiencias de otras personas, para aprender de ellas (p.117). Es decir, que familias buscadoras y diputadas podían interactuar y colaborar por medio de Zoom, enriqueciendo el diálogo deliberativo con las experiencias y conocimientos de las otras personas. Al escuchar los relatos de las familias buscadoras directamente de sus voces, las diputadas fueron expuestas a nuevos conocimientos y realidades que fundamentaban la necesidad de cambiar las leyes.

Por otro lado, la affordance de rapidez de cambio nos ayuda a observar que la información y experiencias a las que las y los legisladores estaban siendo expuestos lograba influenciar rápidamente sus procesos de toma de decisiones. Sabemos que las tecnologías nos permiten acceder a cantidades de información inmensas, pero tener la legitimidad de los testimonios de las familias en la inmediatez de Zoom les ayudaba a las personas legisladoras a revalorar lo que antes habían pensado de las familias buscadoras, y de la problemática de las desapariciones, disipando sus dudas.

Y nos empezaban a apoyar algunos diputados que te digo que se sensibilizaban. Porque había temas que de repente yo estaba plasmando un tema y ¡pum!, se me hacía el nudo en la garganta y tenía que tomar mi tiempo, entonces, como que empezábamos a sensibilizar, o sea, que vieran, que es que el dolor es una realidad. (Familia buscadora 3, comunicación personal, 2023)

Otra función que otorga la plataforma de Zoom es la capacidad de compartir la pantalla a todos los asistentes de la sesión. Las entrevistadas (sobre todo las familias y las aliadas defensoras) hablaron de cómo fue importante, desde una perspectiva de uso de tecnologías, que se compartiera la pantalla para estar viendo en vivo los cambios que se hacían a la ley, para tener más transparencia del proceso y asegurarse de que se incluyeran los aportes de las familias y las organizaciones. Desde las experiencias contadas en Una lucha por el derecho de las personas a ser buscadas se relataba que era una petición irrenunciable el compartir pantalla para dar cuenta de los cambios (CUDJ, 2022), pero en los testimonios de las familias buscadoras y las defensoras me comentaron que no en todas las sesiones se compartía pantalla, o que debían recordarles a las y los legisladores de compartir el documento de trabajo en vivo.

Pasaba que estábamos trabajando sobre un documento que lo tenía el Congreso. Entonces primero era, 'oigan, vayan mostrando en la pantalla el texto que estamos modificando'. A ver '¿cómo quedó la modificación?'. Entonces alguien simplemente decía, 'Si, estamos anotando…', '¿están anotando qué?' Entonces ese fue, por ejemplo, uno de los temas de mucha pelea […] sobre todo era el tema de estar mostrando realmente los cambios que se estaban dando en el texto. (Aliada defensora 1, comunicación personal, 2023).

Con este testimonio podemos observar que las y los diputados, simbólicamente el Congreso, eran quienes tenían el control exclusivo sobre el documento de trabajo legislativo, y el poder de decidir si compartían pantalla y daban visibilidad de los cambios a las demás participantes o no. Entendemos que la redacción de la ley era una labor que le pertenecía oficialmente a las y los diputados y sus asesores. Sin embargo, limitar la visibilidad del documento de trabajo a las demás participantes supone una asimetría de condiciones (sobre todo al acceso de información), puesto que no todas las asistentes a la videollamada podían verificar que sus sugerencias eran tomadas en cuenta en ese momento, sino hasta que les mandaban el documento actualizado.

Afortunadamente, las y los miembros de la Subcomisión insistieron en que se compartiera la pantalla, y que además se enviaran las últimas versiones del documento a todas de manera periódica. Pero este esfuerzo extraordinario implica que este espacio virtual, que suponía ser inclusivo para las familias participantes, tuvo que ser también terreno de lucha. Se necesitaron refuerzos para obtener transparencia y la inclusión de todas las voces. Estas prácticas afectaron directamente el resultado de la redacción, puesto que, si no se hubieran llevado a cabo estos refuerzos, quizás se hubieran descartado o ignorado los cambios que las familias y aliadas defensoras proponían para la ley.

Las affordance tecnológica que es observable cuando sí se compartía la pantalla es la de comunicación y colaboración. La capacidad de hacer cambios a la redacción de la ley en vivo, frente a todas las participantes, ilustra que las tecnologías permiten una colaboración más transparente que sin ellas. Las diputadas y las familias podían compartir información y dialogar por medio de una pantalla.

Los días que sí compartían pantalla les ofrecieron más transparencia, y la posibilidad de construir un proceso deliberativo más eficiente y dinámico, puesto que las y los participantes estaban llegando a consensos rápidos por la retroalimentación inmediata que ofrecía este nivel de visibilidad. Incluso se podría proponer que, para futuros ejercicios similares de diálogo y legislación participativa (aunque no sean virtuales) se ofrezcan las herramientas para que todas las personas participantes puedan estar viendo los cambios en vivo (ej. una pantalla o cañón proyectando el documento de trabajo, un documento en línea que las personas puedan acceder en sus propios dispositivos, etc.).

En la página del Congreso hay micrositio donde suben las iniciativas y como ciudadano uno puede entrar y puede hacer aportaciones y todo, pero eso no te da a ti la certeza de que de verdad se vaya a hacer y esto no. Esto fue un hecho sin precedentes, nunca se había hecho. Es la primera vez que sucede. (Persona legisladora 2, comunicación personal, 2023).

Es interesante que una de las personas legisladoras señala la inefectividad del micrositio que tienen para precisamente fomentar la participación ciudadana en temas iniciativas de ley. El hecho de que este mecanismo del Congreso sea ineficaz en la obtención de perspectivas de la ciudadanía, y en la movilización de su participación, supone que los resultados de dichos mecanismos no son del todo democráticos o razonables. Según Jürgen Habermas, se puede decir que hay resultados razonables cuando el discurso institucionalizado moviliza contribuciones, reacciones, y temas relevantes para la ciudadanía (2006, p.413). Pues finalmente, una de las personas legislativas confesó que, en términos de transparencia y de participación ciudadana, este ejercicio de la Subcomisión fue más eficiente que el micrositio para aportar a las iniciativas que actualmente tiene el Congreso, confirmando el supuesto de que este esfuerzo definitivamente tuvo más impacto en el contenido final de la ley, que el impacto que hubiera tenido la participación por medio del micrositio o algún otro mecanismo virtual de participación ciudadana.

La transparencia, como podemos ver, era un asunto crucial al estar dialogando de un tema tan sensible como lo es las leyes de desaparición y las experiencias de familiares. Sin embargo, en las entrevistas fue revelado que, no solo en el hecho de compartir la pantalla esto fue comprometido, sino también en la administración del uso de micrófonos, la cual fue alterada o politizada en ocasiones para favorecer a ciertos puntos de vista.

Sabemos que tanto en el equipo legislativo, como dentro del colectivo #UnaLeyQueSirva había desacuerdos en momentos. Había familiares que no estaban de acuerdo con algunos de los argumentos o cambios que se proponían, pero una de las familiares denunció que, en una de esas discusiones, su micrófono fue apagado para evitar que ella diera sus argumentos.

Me acuerdo que esa vez estaba muy enojada porque me quitaron a mí el audio y la señora permanecía con el audio. Entonces decían, alguien pidió la palabra y dice 'debe de haber control y respeto para todos'. Bueno, salió, pero sí fue bien obvio, por eso nos daba eso. A la señora le mantenían el micrófono abierto y yo no, no me daban oportunidad y nunca me la dieron (Familia buscadora 3, comunicación personal, 2023).

Más que tratarse de la habilidad con los micrófonos, en este testimonio se revelan desigualdades por dinámicas de poder de quienes administraban el habla y los micrófonos de las demás participantes.

En cuanto a las capacidades tecnológicas de silenciar o 'mutear' a los demás, la aplicación Zoom permite que solamente la anfitriona (host) y la coanfitriona (co-host) silencien a los demás cuando están en una videoconferencia. Si una de estas usuarias ha silenciado a otra, esta última sí puede des silenciarse (unmute) a sí misma, sin embargo, la usuaria ya ha sido notificada de que se le silenció. La familia buscadora se dio cuenta de que fue silenciada durante su discusión con otro colectivo; las tecnologías de la comunicación en este sentido también causaron desconfianza.

Al igual que el controlar el acceso al documento de trabajo con no compartir la pantalla, el silenciar a ciertas participantes y a otras no cuando están en medio de una discusión es muestra de otro episodio de asimetría en las condiciones de participación. Las participantes comentaban en sus entrevistas que a todas se les daba tiempo para hablar, pero cuando el micrófono es apagado por un tercer usuario, esto afecta directamente la condición de igualdad en la participación.

La verdad creo que fue una experiencia un poquito complicada. No solamente para para las ciudadanas, sino también para nosotras, o sea para todos, en absoluto, porque tal vez la pandemia nos obligó a utilizar el medio, pero pues nosotras nosotros estuvimos teniendo problemas, incluso sí había mucho problema con las conexiones (Persona legisladora 3, comunicación personal, 2023).

Se observa que el uso de la tecnología para estos espacios de diálogo con ciudadanía estuvo condicionado al acceso a las tecnologías y conectividad que tenían las personas. Para ejercicios futuros, esto puede implicar costos de eficiencia de los diálogos, y posibles desigualdades entre las y los participantes/usuarias.

Durante las sesiones de la Subcomisión existieron también desafíos relacionados con el acceso a una conexión estable a internet, y desigualdades en las participaciones por no tener la misma fluidez y familiaridad con las herramientas como el Zoom. Aquí es en donde podemos ver que las tecnologías no solo ofrecieron affordances, sino que también restringieron en ocasiones la posibilidad de involucrarse en el diálogo, por la misma condición de virtualidad en la que se encontraban las actoras.

Algunas de las actoras que participaron en la Subcomisión solicitaban cámaras prendidas, pero en sus entrevistas no indicaron que mantenerlas encendidas durante la totalidad de la llamada fuera un elemento crucial para el diálogo. Aunque sí se pedía prenderla para tener más familiaridad de quién estaba en la llamada, no siempre estaban encendidas, o se prendían al principio para presentarse, pero después las apagaban.

Fíjate que la mayoría justamente sí, pedimos que tuvieran su cámara encendida para saber con quién estamos hablando. Hay diputados que ni conocíamos la verdad. Yo en lo personal no, no los conocía, pero sí manteníamos normalmente las cámaras encendidas y se sí se prestaba a una comunicación con respeto (Familia buscadora 3, comunicación personal, 2023).

La misma madre buscadora expresó que el tener las cámaras apagadas ayudaba a un ambiente más relajado, dado que posiblemente las personas se conectaban a las sesiones desde sus casas o en escenarios más privados. Sin embargo, la posibilidad de ver las expresiones faciales de las personas en tiempo real ofreció un nivel más profundo de interacción y de interpretación, para bien o para mal:

Investigadora: …Y, ¿cómo se daban cuenta que no empatizaban? Familia buscadora 2: Por la cara de 'what?'. Todas las expresiones se veían en las cámaras. Familia buscadora 1: No y aparte de la cara de what, te volvían a preguntar y te volvían a preguntar… sobre todos los asesores que no entendían (Familia buscadora 1 y Familia buscadora 2, comunicación personal, 2023).

El uso tecnológico-comunicativo de las actoras en este ejercicio deliberativo fue tanto para tender puentes que conectaran sus experiencias y conocimientos, como lamentablemente también para construir barreras para la participación de las demás. Definitivamente las posibilidades de usos que tenían las tecnologías como Zoom y WhatsApp influenciaron en el diálogo deliberativo y el proceso de la ley, y permitieron que las familias que hubieran tenido obstáculos físicos para ir al Congreso se pudieran unir virtualmente. No obstante, la última reflexión queda en que las familias buscadoras tuvieron que exigir que sus voces fueran incluidas, pues constantemente experimentaron obstáculos y desigualdades en las condiciones de participación.

Conclusiones

En la medida de lo posible, y a pesar de que entendemos que en ocasiones puede haber desigualdades estructurales difíciles de evadir, en este ejercicio legislativo fue importante procurar condiciones un poco similares en cuanto a lo siguiente: al acceso a la información y al conocimiento de las herramientas para el diálogo por medio de las capacitaciones; buscar la participación de todas en la creación de las reglas o metodologías; tomar en cuenta el uso de lenguaje, evitando utilizar lenguaje muy técnico o demasiado específico a una disciplina, en este caso la de técnica legislativa, para poderse dirigir a audiencias más amplias (como una frase que dice: si no lo puedes explicar en términos sencillos, no lo entiendes realmente).

Gracias a los testimonios escuchados y analizados, se aprendió que, para que haya una comunicación pública deliberativa efectiva, debe haber transparencia en los procesos, y esta se puede facilitar u obstaculizar por medio de las herramientas tecnológicas. Se deben establecer reglas, que todas las conozcan y las tengan presentes. Debe haber herramientas tecnológicas o comunicativas, y que todas tengan acceso a ellas. Si hay un documento de trabajo en común, este debe ser visible para todas. La pantalla compartida debe ser un recurso para facilitar la transparencia y el trabajo colaborativo; no compartir la pantalla del documento de trabajo podría coartar la transparencia y por lo tanto la legitimidad del proceso.

Zoom permitió un grado más de inclusividad para las mesas de trabajo en cuestión de que las personas se podían conectar sin importar su ubicación u horarios, pero también presentó obstáculos por la brecha en conocimientos tecnológicos entre las usuarias y por los accesos a una red de internet estable. Prender las cámaras otorgó un punto más de proximidad entre las usuarias, cuando eran utilizadas. Aunque en momentos, las cámaras también evidenciaban gestos y expresiones no gratas. Por su parte, según los testimonios, el uso del micrófono no fue equitativo. Estas situaciones de micrófono, así como la de la pantalla compartida, analizadas bajo la luz de las teorías, revelaron que hubo asimetrías en las condiciones de participación frente a las tecnologías.

Los grupos de WhatsApp fueron fundamentales para la organización intergrupal, para compartir información o notas periodísticas, para ponerse de acuerdo en qué momentos se debía pedir el uso de la voz, para recordarse sus argumentos, para planear intervenciones, e incluso, para peleas internas. Y finalmente, el uso de redes sociales fue interesante como ejercicio de protesta cuando los acuerdos no se estaban cumpliendo. Para este uso tecnológico, es importante agregar y destacar la elaboración de productos gráficos por parte de los colectivos de familias y de sus aliadas defensoras: comunicados, infográficos, videos, tweets, así como el uso de hashtags para etiquetar bajo un nombre su denuncia y ampliarse en motores de búsqueda online.

Es importante dejar también una nota sobre la implementación de estas dos leyes. Es lamentable que, después de tanto trabajo de exigencia, tiempo invertido en mesas técnicas, y esfuerzo por dialogar y dictaminar, que las dos leyes (la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco y la de Declaración Especial de Ausencia) sigan hasta el día de hoy sin su total cumplimiento, sobre todo en sus artículos transitorios. En las entrevistas, las personas legislativas en su mayoría hablaban de estas leyes como un logro de sus carreras, como algo sin precedentes, mientras que las familias y los organismos defensores se percibían desilusionadas de que tanto trabajo no se vea reflejado hoy, ni haya otorgado mayores avances en sus búsquedas.

Como investigadora del estudio de caso de este ejercicio deliberativo, la autora considera que desde los resultados que se exponen, es necesario hacer un llamado a que se apliquen estas dos leyes en su totalidad, para que las familias puedan continuar con la búsqueda de sus seres amados, con los mecanismos que ellas mismas crearon, y que las pueden proteger mejor durante esta situación tan sensible y difícil que es tener a una persona en condición de desaparición. También, es un llamado a que los gobiernos entrantes no hagan modificaciones a estas leyes sin consultar a las familias primero, y que todo avance en la materia debe ser considerando a las familias y a sus seres amados que han sido desaparecidos.

A casi cuatro años del dictamen de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco y de Declaración Especial de Ausencia en el Congreso de Jalisco, y de siete años de la Ley General, los colectivos de familias denuncian que esta ley no es aún aplicada en las dependencias gubernamentales necesarias, y las desapariciones siguen siendo una problemática grave y en aumento.

Ya existe el marco legal para exigir que precisamente se prevenga, investigue, sancione y erradique el delito de desaparición, y para que las autoridades se coordinen en la búsqueda de personas con las familias. Queda aún pendiente la responsabilidad del Estado de implementar y respetar este marco legal, y de realmente escuchar y acompañar a las familias buscadoras.

Si bien, la creación de las Leyes de Personas Desaparecidas de Jalisco y de Declaración Especial de Ausencia fue un hecho inédito, y una prueba de que se puede y se debe trabajar en equipo con la ciudadanía, con colectivos organizados, y con organismos internacionales, sigue inconcluso el compromiso de hacer cumplir estas leyes, y de lograr que haya una respuesta real a la creciente problemática de las desapariciones, evitando la impunidad. Los colectivos de familias asumen que probablemente se requiera de un esfuerzo similar de unión y exigencia para que, de nuevo, las autoridades coordinen esfuerzos y que la sociedad no las revictimice.

Teníamos esos sentimientos encontrados de haber ganado, pero porque hemos perdido. O sea, tuvimos que ganar porque perdimos un ser querido, lo estamos buscando y que esa ley jamás debería de ser. (Familia buscadora 3, comunicación personal, 2023).

Disponibilidad de datos

Los datos cualitativos generados y analizados durante el desarrollo de esta investigación (transcripciones de entrevistas semiestructuradas, notas de campo y codificaciones) no se encuentran disponibles públicamente debido a la naturaleza sensible de la información y al compromiso de confidencialidad adquirido con las personas participantes. Sin embargo, la versión final del trabajo de obtención de grado, que incluye los principales hallazgos y análisis, está disponible en el repositorio institucional de la Universidad ITESO bajo la licencia Creative Commons CC-BY-NC-2.5-MX. Para consultas sobre el acceso a materiales adicionales, se puede contactar a la autora o al repositorio institucional, sujeto a las restricciones éticas y legales correspondientes.

Los datos que sí se pueden acceder son los contextuales, como estadísticas de números de personas desaparecidas disponibles en la plataforma del RNPDNO, o el estado de publicación y contenido de las leyes de personas desaparecidas del estado de Jalisco y del resto del país buscando en el Diario Oficial de la Federación.

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