Un punto de partida de este artículo consiste en reconocer que las prácticas activistas no se circunscriben a una única espacialidad de intervención, sino que se despliegan simultáneamente en territorialidades comunitarias, medios de comunicación, plataformas digitales, instituciones estatales y otros ámbitos de acción pública (Treré, 2023). En ese sentido, comprenderlas exige atender a las mediaciones e infraestructuras mediante las cuales esas prácticas ponen en relación espacialidades heterogéneas y configuran condiciones específicas de circulación, visibilidad e incidencia pública. Esta perspectiva, entendemos, es relevante para el estudio de los activismos indígenas, históricamente configurados en, desde y por territorialidades comunitarias (Ávila, Bompadre y Doyle, 2019), pero crecientemente involucrados en procesos de articulación con otros espacios de intervención política.

Para abordar esas articulaciones, resulta productiva la noción de ecosistema comunicativo, en tanto permite comprenderlas no como conexiones circunstanciales entre espacios diferenciados, sino como parte de una trama relacional más amplia de mediaciones, prácticas e interdependencias. Recuperando los aportes de Martín-Barbero (2002), esta perspectiva orienta a pensar la comunicación más allá de los soportes, atendiendo a las prácticas y, simultáneamente, a las transformaciones culturales, tecnológicas y perceptivas que reconfiguran las formas de interacción social. En esa línea, Gutiérrez (2005) señala que un ecosistema comunicativo no remite simplemente a un conjunto de tecnologías o actorxs, sino a una trama de dinámicas, procesos e intercambios entre múltiples componentes. Se trata de una construcción histórica y cultural, configurada por prácticas, lenguajes, dispositivos, instituciones, relaciones sociales y formas de mediación.

En este marco, la noción de sistema mediático híbrido desarrollada por Chadwick (2017) contribuye a precisar una forma contemporánea de configuración de esos ecosistemas comunicativos. Su aporte no consiste únicamente en señalar la coexistencia entre viejos y nuevos medios, sino en mostrar cómo lógicas mediáticas heterogéneas se articulan y afectan mutuamente. Así, la hibridez no refiere simplemente a la coexistencia de distintas tecnologías sino a la trama de infraestructuras, temporalidades y repertorios de acción que configuran la circulación pública contemporánea. En este sentido, tanto Chadwick como Treré (2020) permiten cuestionar oposiciones simplificadoras entre online y offline y atender a la complejidad de las mediaciones que configuran la acción colectiva, especialmente en contextos de digitalización.

Ahora bien, entendemos que para el estudio de activismos indígenas, estas nociones requieren articularse a su vez con una comprensión territorial de la comunicación. Si la idea de ecosistema permite comprender la trama relacional de mediaciones, tecnologías e interdependencias que configuran la circulación pública de sentidos, la noción de territorio introduce una pregunta complementaria: la politicidad de los espacios en los que esas disputas ocurren (Ávila, Bompadre y Doyle, 2019). Esto supone atender no solo a cómo circulan contenidos y se articulan actorxs, sino también a cómo se producen y cuestionan las condiciones de aparición pública.

En trabajos previos hemos propuesto pensar la comunicación pública como un territorio socialmente construido y disputado (Doyle, 2012). Desde esta perspectiva, el territorio no remite exclusivamente a una delimitación geográfica o soporte material, sino a una configuración relacional atravesada por modalidades de poder, formas de inteligibilidad y disputas por la visibilidad pública. Supone apropiación, delimitación, identificación, uso y confrontación; no existe como dato previo, sino que se constituye políticamente en las prácticas que buscan habitarlo y disputar sus fronteras.

La productividad de articular ambas nociones no radica en nombrar un mismo fenómeno con conceptos diferentes, sino en combinar dos entradas analíticas complementarias. Mientras la noción de ecosistema comunicativo permite comprender las relaciones e infraestructuras que configuran la circulación pública contemporánea, la noción de territorio nos permite enfatizar los modos en que esas relaciones se constituyen en disputas por narrativas y condiciones de reconocimiento, legitimidad y visibilidad. En el caso de los activismos indígenas, esta distinción resulta especialmente relevante, dado que sus intervenciones públicas implican no solo circulación comunicacional, sino disputas por el derecho mismo a enunciar(se) en espacios históricamente configurados desde relaciones coloniales de exclusión.

Por ello, proponemos la noción de territorios híbridos para referirnos a espacialidades comunicacionales producidas relacional y políticamente mediante prácticas que articulan territorialidades comunitarias, medios de comunicación, plataformas digitales, instituciones estatales y otros ámbitos de intervención pública. La hibridez no alude aquí únicamente a la coexistencia entre dimensiones físicas y digitales, sino a la producción de espacios de disputa donde confluyen y se reconfiguran, de manera situada, escalas, infraestructuras y formas heterogéneas de acción política.

Si el apartado anterior nos permitió caracterizar las condiciones espaciales y comunicacionales en las que se despliegan estos activismos, interesa ahora detenernos en una dimensión específica de esas prácticas: su carácter interfacial. Con esta expresión nos referimos al trabajo político de mediación, articulación y traducción mediante el cual determinadas prácticas activistas enlazan actorxs, códigos, infraestructuras y escalas heterogéneas.

Esta propuesta dialoga con la perspectiva ecológica desarrollada por Treré (2020), que invita a comprender los activismos no desde una relación instrumental con las tecnologías digitales, sino a partir de las articulaciones entre múltiples medios, prácticas, infraestructuras y formas organizativas. En esa misma línea, distintos autores han advertido sobre los límites de los enfoques tecnodeterministas para el estudio de la acción colectiva contemporánea (Barranquero, 2021; Martens, Venegas y Sharupi Tapuy, 2022).

Retomando ese enfoque, nos interesa observar aquellas prácticas que ponen en relación actorxs, infraestructuras y formas de intervención situadas en territorialidades comunitarias, medios de comunicación, plataformas digitales, espacios urbanos e instituciones estatales. Y, como señala Lange (2022), esas espacialidades están, además, signadas por infraestructuras comunicativas diferenciadas, que condicionan de manera desigual las posibilidades de acceso, circulación e intervención pública.

En este sentido, la interfaz no remite exclusivamente a una dimensión tecnológica, sino a una dinámica relacional y política de mediación. Desde esta perspectiva, proponemos comprender el carácter interfacial de determinadas prácticas activistas a partir de cuatro dimensiones analíticas interrelacionadas:

a) la traducción entre lenguajes, repertorios y formas de enunciación propias de ámbitos sociales heterogéneos (por ejemplo, cuando rituales, ceremonias o lenguajes vinculados a ciertos territorios se reconfiguran en formatos de circulación digital);

b) la articulación entre escalas locales y translocales, mediante herramientas de circulación ampliada para demandas territorialmente situadas;

c) la simultaneidad de intervenciones en múltiples espacialidades y entornos comunicacionales; y

d) la confrontación con desigualdades específicas de cada espacialidad, que condicionan diferencialmente las posibilidades de intervención, aunque esas mismas articulaciones busquen desbordar parcialmente esos límites.

De este modo, más que pensar los activismos contemporáneos únicamente como expresiones de una tecnopolítica digital, la noción de carácter interfacial permite enfatizar una dimensión específica de estas prácticas: su capacidad para articular territorialidades, medios, plataformas e instituciones desde procesos de mediación, traducción y circulación que reconfiguran las condiciones de visibilidad, reconocimiento e incidencia pública.

Emplazado en las perspectivas desarrolladas anteriormente, el estudio de estos activismos supone desafíos metodológicos específicos, dado que las prácticas analizadas se despliegan en espacialidades múltiples que articulan territorios comunitarios, plataformas digitales, medios de comunicación, espacios urbanos e instituciones estatales. Esto exige superar dicotomías persistentes entre lo virtual y lo territorial, o entre lo cuantitativo y lo cualitativo, asumiendo que los entornos digitales forman parte constitutiva de la vida social y no un ámbito separado de ella (Pink et al., 2016; Grillo, 2023).

Desde esta perspectiva, desarrollamos una estrategia metodológica que articuló netnografía (Kozinets, 2020), análisis de redes sociales, minería de datos, web scraping y análisis de contenido. Esta combinación permitió reconstruir tanto las dinámicas de circulación de la campaña como las articulaciones entre actorxs, espacialidades y repertorios de acción. Siguiendo a Kozinets (2020), la investigación se organizó en una fase exploratoria orientada a identificar actorxs, plataformas, repertorios y espacios de circulación relevantes en torno a la demanda por el reconocimiento de los derechos lingüísticos indígenas en el Censo Nacional 2022.

Entre marzo y agosto de 2025 realizamos observación sistemática de redes sociodigitales, búsquedas mediante palabras clave y hashtags —como #ArgentinaPlurilingüe, #LenguasIndígenas, #PueblosOriginarios, #Censo2022 y #DerechosLingüísticos— y análisis relacional mediante NodeXL. Complementariamente, desarrollamos un relevamiento mediante web scraping, implementado en Python sobre Google Colab, con el propósito de identificar la presencia —o ausencia— de la campaña en medios digitales nacionales y evaluar su proyección hacia circuitos mediáticos de mayor alcance.

A partir de esta exploración construimos un corpus integrado por publicaciones e interacciones producidas entre diciembre de 2020 y junio de 2022 en torno a la campaña #ArgentinaPlurilingüe. El corpus incluyó publicaciones de organizaciones indígenas, agencias y medios de comunicación de y sobre pueblos indígenas, cuentas de activistas y comunicadorxs indígenas, así como materiales producidos por actorxs no indígenas que participaron activamente en la circulación de la demanda.

Sobre este corpus realizamos minería de datos para relevar menciones, reposts, hashtags, secuencias de interacción y vínculos entre cuentas en X, Facebook e Instagram, construyendo grafos relacionales para identificar niveles de centralidad, patrones de amplificación y posiciones diferenciadas dentro de la red. Este análisis se complementó con observación sostenida de perfiles e interacciones y con un análisis de contenido de publicaciones textuales, piezas gráficas, materiales audiovisuales, hashtags y comentarios. Trabajamos con categorías vinculadas a derechos lingüísticos, reconocimiento estatal, pluralismo cultural, racismo estructural, visibilización estadística y memoria histórica, atendiendo tanto a los temas abordados como a sus modalidades de enmarcamiento discursivo.

Desde esta perspectiva, las huellas digitales no fueron abordadas únicamente como datos cuantificables, sino como expresiones situadas de relaciones sociales, repertorios de acción y formas de construcción política de la visibilidad. El objetivo fue articular el análisis de métricas e interacciones con una lectura etnográfica, atendiendo a las mediaciones, desigualdades y condiciones materiales que atraviesan la participación digital de los colectivos indígenas.

Atendiendo a las acciones desarrolladas, nos interesa destacar que la campaña articuló múltiples espacialidades y, por lo tanto, lógicas comunicacionales heterogéneas. En ese sentido, permite reconocer el carácter interfacial de las prácticas activistas, en la medida en atendiendo a su capacidad de enlazar actorxs, códigos, escalas e infraestructuras diversas.

En términos de espacialidades y lógicas comunicacionales, la campaña articuló distintos ámbitos:

Espacios comunitarios y asamblearios. Las asambleas, reuniones y encuentros en comunidades indígenas son espacialidades centrales para la construcción de la demanda. Allí se discutió colectivamente la importancia política del censo y se organizaron estrategias de incidencia (Grillo, 2023). Estas prácticas estuvieron sostenidas en lógicas de presencialidad, oralidad y deliberación, vinculadas a formas actuales y ancestrales de organización política de distintos pueblos indígenas. Al mismo tiempo, estos espacios resultaron fundamentales porque constituyen territorialidades donde muchas de las lenguas reivindicadas continúan hablándose, enseñándose o revitalizándose. En este sentido, la campaña no solo reclamaba reconocimiento estadístico sobre esas lenguas, sino que se emplazó en territorios particulares donde esas prácticas lingüísticas persisten pese a procesos históricos de despojo y subalternización.

Espacios mediáticos. Medios comunitarios, medios indígenas, agencias y portales informativos alternativos funcionaron como infraestructuras comunicacionales clave para la circulación de la campaña. A través de entrevistas, informes, coberturas, transmisiones en vivo y columnas de opinión, estos espacios amplificaron el reclamo y posibilitaron la difusión de argumentaciones sobre derechos lingüísticos, racismo estructural, participación indígena y visibilidad estadística. Frente a las lógicas de simplificación y aceleración propias de las plataformas digitales, habilitaron instancias de contextualización, explicación y elaboración argumentativa sobre el sentido político de la pregunta censal y sobre la situación sociolingüística argentina. En muchos casos, además, el derecho al idioma no solo fue tematizado, sino también ejercido performativamente mediante el uso de términos, saludos o expresiones en lenguas indígenas. De manera más acotada, algunos medios comerciales (como La Nación o Diario Uno) también contribuyeron a ampliar la visibilidad pública del reclamo mediante coberturas puntuales o la difusión de actividades vinculadas a la campaña, incorporando la demanda a circuitos mediáticos de mayor alcance, aunque sin asumir el papel sostenido de articulación comunicacional y producción discursiva que caracterizó a los medios comunitarios e indígenas.

Redes sociodigitales (X/Twitter, Facebook, Instagram). Las redes sociodigitales permitieron organizar y ampliar territorialmente la circulación de la campaña, así como conectar actorxs dispersos geográficamente. A través de hashtags como #LenguasEnElCenso o #ArgentinaPlurilingüe se desplegaron acciones orientadas tanto a la amplificación pública como a la interpelación directa de instituciones y figuras políticas vinculadas al operativo censal. Circularon hilos explicativos, piezas gráficas, videos, formularios de adhesión y convocatorias a conversatorios y acciones públicas. Entre ellas, se difundieron piezas centradas en consignas como “Un millón de firmas para incluir la pregunta sobre lenguas indígenas en el Censo 2022”, que articularon la recolección de adhesiones con la difusión de argumentos sobre derechos lingüísticos y visibilidad estadística. En este proceso, las lenguas indígenas adquirieron mayor presencia en los entornos sociodigitales, principalmente como objeto de reivindicación pública, mediante la referencia explícita a pueblos y lenguas históricamente subalternizados.

Espacios institucionales y ámbitos urbanos de visibilidad pública. La campaña se desplegó también en espacios institucionales y urbanos. La entrega formal de firmas al INDEC, articulaciones puntuales con diputadxs y otras figuras públicas, así como intervenciones realizadas en fechas emblemáticas -como la performance del 5 de septiembre en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena- buscaron generar presión pública y disputar reconocimiento en escenarios urbanos. Estas acciones llevaron la discusión sobre derechos lingüísticos hacia escenas públicas de confrontación política, articulando corporalidad, lengua, estética y protesta.

En suma, entendemos que estas distintas espacialidades no constituyen ámbitos independientes de intervención, sino que adquieren sentido precisamente a través de las articulaciones que las prácticas activistas producen entre ellas.

En primer lugar, observamos procesos de traducción entre espacialidades, lenguajes y regímenes de visibilidad heterogéneos. La demanda, construida desde organizaciones y territorios indígenas, fue planteada tanto en lenguajes estadísticos, jurídicos, mediáticos como digitales, capaces de circular en distintos ámbitos: formularios de adhesión, comunicados, notas periodísticas, posteos en redes, interpelaciones al INDEC y argumentos sobre políticas públicas. Esta traducción no implicó una simple adaptación formal, sino una operación política: convertir experiencias históricas de silenciamiento lingüístico en una demanda que interpelara al Estado, los medios y públicos más amplios. Así, distintas publicaciones de la campaña planteaban que la ausencia de información censal volvía invisible las lenguas indígenas y limitaba la producción de políticas públicas. En una nota publicada por Nuestras Voces y republicada en Indymedia1, esta operación se formulaba en términos precisos: “Números que se pueden traducir en historias, en políticas públicas, en una mirada sobre la tierra que habitamos. Números que pueden ayudar a que las palabras no se extingan, a que no se borren las diversas formas de nombrar el mundo. Una pregunta”. En la misma línea, notas publicadas por otros medios digitales autogestivos, como La Tinta y El Resaltador, presentaron la incorporación de la pregunta no como una cuestión meramente técnica del operativo censal sino como una disputa por derechos lingüísticos, reconocimiento estatal y reparación frente a procesos históricos de invisibilización.

En segundo lugar, pero relacionado con lo anterior, reconocemos una articulación entre escalas locales, nacionales y translocales. La campaña se emplazó en demandas territorialmente situadas, vinculadas a procesos concretos de transmisión, revitalización y uso de lenguas indígenas en comunidades y espacios urbanos diversos, pero logró proyectarse hacia agendas públicas más amplias en términos geográficos, mediante dispositivos de circulación digital y mediática. Las publicaciones relevadas muestran que esa ampliación no implicó un simple cambio de escala, sino la construcción de conexiones entre actorxs heterogéneos: organizaciones indígenas, medios comunitarios, agencias informativas, sindicatos, espacios feministas y figuras públicas. El análisis de publicaciones e interacciones en redes sociales permite observar esta articulación en la circulación de hashtags compartidos y en las menciones dirigidas a y de organismos estatales y referentes públicos nacionales.

En tercer lugar, advertimos una superposición de capas de intervención. Algunas acciones operaron simultáneamente como presencia corporal en el espacio público urbano, acontecimiento mediático, contenido digital y gesto de interpelación institucional. Por ejemplo, la performance realizada el 5 de septiembre frente al edificio del INDEC en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, resulta significativa en este sentido: fue una intervención urbana de presencia corporal, una acción política dirigida al organismo estatal, un acontecimiento cubierto y difundido por medios y organizaciones, y un contenido que circuló en redes. Del mismo modo, instancias de producción argumentativa como conversatorios y conferencias, impulsados por organizaciones indígenas y espacios aliados, excedieron el formato de intercambio o debate: funcionaron simultáneamente como momentos de argumentación política en torno a la demanda, acontecimientos comunicacionales difundidos mediante transmisiones digitales y contenidos retomados posteriormente por medios y redes sociales. En conjunto, ello permite reconocer cómo intervenciones situadas en espacialidades específicas se proyectaron hacia otros circuitos de visibilidad, interlocución y disputa pública.

Finalmente, el análisis de la campaña muestra que estas articulaciones se produjeron en condiciones atravesadas por desigualdades infraestructurales, lingüísticas, tecnológicas y políticas propias de cada espacialidad. En los territorios comunitarios, la reivindicación lingüística se inscribió en procesos históricos de silenciamiento y revitalización de lenguas indígenas; en los medios y plataformas, la demanda debió traducirse a formatos, temporalidades y lenguajes capaces de alcanzar públicos más amplios; y en el plano institucional, tuvo que volverse legible como problema censal, estadístico y de política pública. En este sentido, entendemos que las articulaciones interfaciales no eliminaron las desigualdades, pero permitieron intervenir parcialmente sobre sus efectos, ampliando la circulación de la demanda, conectando actorxs diversxs y produciendo nuevas condiciones de reconocimiento público.

Una primera cuestión que plantear respecto de este punto, y en relación con el anterior, es que en las distintas espacialidades movilizadas por la campaña, el derecho al idioma fue simultáneamente un eje articulador de la demanda y una práctica de ejercicio de derechos. Ello puede observarse, por ejemplo, en conversatorios y piezas de difusión impulsados por el Tejido de Profesionales Indígenas y transmitidos por TeleSISA, donde la reivindicación de la incorporación de la pregunta censal convivía con el uso de saludos, expresiones y referencias en distintas lenguas indígenas. Es decir, las lenguas indígenas no aparecieron solo como objeto de reivindicación política, sino también como formas de enunciación, de intervención pública y de producción de visibilidad. A partir de esta doble particularidad –como eje articulador de la demanda y como práctica de ejercicio de derechos– interesa analizar los marcos discursivos mediante los cuales la campaña fundamentó el reclamo y definió los derechos en disputa.

En términos discursivos, la campaña evitó inscribir las lenguas indígenas en marcos folklorizantes o patrimonialistas, y priorizó un encuadre vinculado a los derechos humanos y la justicia lingüística. Así, se posicionó a las lenguas indígenas como dimensión constitutiva de las disputas contemporáneas por el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetxs políticxs y culturales. Y la invisibilización lingüística fue presentada como una expresión histórica de racismo estructural, negación estatal y exclusión política.

Ello se ve en distintas publicaciones y en piezas de circulación digital, donde la ausencia de preguntas lingüísticas en el censo fue presentada como continuidad de procesos históricos de negación de los pueblos indígenas en la constitución poblacional de la nación. En el corpus relevado, por ejemplo, se difundían notas tituladas “Censo 2022: invisibilizar a las lenguas indígenas también es racismo”, y se afirmaba que la visibilización de las lenguas indígenas y de los nombres de los pueblos originarios en el Censo 2022 constituía un primer paso para “salir del negacionismo”.

A partir de esta perspectiva, identificamos al menos tres dimensiones principales en las que esos derechos fueron públicamente propuestos y demandados. En primer lugar, se reivindicó el derecho a la visibilidad estadística, planteando que sin datos no existen condiciones para el diseño de políticas públicas. La demanda por la incorporación de preguntas lingüísticas apareció así vinculada a una crítica más amplia a los modos en que el Estado produce conocimiento sobre la población y, al hacerlo, define también qué sujetos resultan legibles, reconocibles o políticamente relevantes. En el corpus, esta cuestión se expresa por ejemplo en publicaciones que señalaban que el Estado continúa negando a los pueblos originarios en las estadísticas y que la variable étnica y la dimensión lingüística no están incorporadas en los sistemas de información de los ministerios.

En segundo lugar, identificamos una articulación entre derechos lingüísticos, derecho a la identidad y derecho a la no discriminación. La propia noción de Argentina plurilingüe disputó la representación hegemónica de una nación monolingüe y culturalmente uniforme. En este marco, la campaña no se limitó a demandar reconocimiento institucional, sino que buscó intervenir sobre los marcos públicos de inteligibilidad desde los cuales se define qué diversidad resulta visible y qué identidades pueden ser reconocidas como parte legítima de la comunidad política nacional.

Finalmente, se reivindicó el derecho a una comunicación plurilingüe, cuestionando el lugar excluyente del castellano en las formas estatales y mediáticas de representación nacional. La circulación de testimonios y consignas en distintas lenguas indígenas, permitió ejercer performativamente ese derecho en los propios entornos donde se desplegaba la disputa.

A la vez, parte de los repertorios discursivos articularon dimensiones institucionales, afectivas y corporales. Una convocatoria, difundida ante la negativa del INDEC a incorporar la pregunta lingüística, llamaba a movilizarse “con nuestras cuerpas, con nuestras lenguas”. La formulación condensaba así una articulación entre corporalidad, lengua y protesta pública.

Si en los apartados anteriores nos detuvimos en reconocer parte de las espacialidades y contenidos discursivos de la campaña, aquí interesa atender a otra cuestión: algunas de las dinámicas relacionales que sostuvieron la circulación pública de la demanda en entornos digitales y, en ello, articulando otras espacialidades. Tal como dijimos, entendemos que, en contextos de creciente digitalización, las prácticas activistas no solo incorporan nuevas plataformas de intervención, sino que tienden a intensificar las articulaciones entre actorxs, repertorios y circuitos de visibilidad diversos. En ese sentido, más que concebir las redes sociodigitales como simples canales de difusión, nos interesa observar cómo en ellas se estructuran relaciones diferenciadas de producción, amplificación, redistribución e interpelación pública.

A partir del corpus relevado en X/Twitter, Instagram y Facebook, observamos que los contenidos producidos en el marco de la campaña no circularon de manera lineal ni se concentraron únicamente en episodios puntuales de viralización. Por el contrario, identificamos trayectorias de circulación sostenidas en el tiempo, estructuradas a través de cadenas de redistribución en las que distintxs actorxs retomaron, resignificaron y volvieron a poner en circulación materiales producidos por otros. Este comportamiento se evidencia, por ejemplo, en la replicación de notas, comunicados y convocatorias inicialmente difundidos por agencias como Originarios.ar o Nuestras Voces, luego retomados por múltiples cuentas y organizaciones en distintos momentos. Más que una lógica de viralización efímera, observamos dinámicas de amplificación sostenida basadas en prácticas de reposteo, circulación cruzada y co-visibilización entre actorxs diversxs. En Facebook, estas dinámicas se expresaron especialmente en la circulación extendida de convocatorias, adhesiones y debates vinculados a actividades públicas de la campaña.

El análisis de redes permitió reconocer posiciones diferenciadas dentro de esta estructura relacional, identificando nodos con mayor centralidad en la producción, redistribución e interpelación de contenidos, así como articulaciones entre distintos agrupamientos de actorxs vinculados a agendas indígenas, medios alternativos, organizaciones sindicales y espacios vinculados a luchas feministas y de derechos humanos. Algunxs actorxs concentraron mayor capacidad de producción y visibilización, configurándose como nodos relevantes en la circulación pública de la campaña. Entre ellos identificamos agencias y plataformas indígenas con producción sostenida, pero también actorxs no indígenas -como medios digitales y organizaciones sindicales, entre ellas CTA Autónoma, SUTEBA y ATE- que intervinieron tanto en la producción como en la redistribución de contenidos vinculados a la demanda. Así, por ejemplo, la campaña por un millón de firmas y la convocatoria a la performance realizada el 5 de septiembre frente al INDEC fueron difundidas tanto por organizaciones y agencias indígenas (como Originarios.ar) como por organizaciones sindicales (la CTA Autónoma, SUTEBA y Géneros SUTEBA) y medios digitales como Infonews, evidenciando cómo una misma iniciativa fue puesta en circulación en circuitos comunicacionales diversos, ampliando el alcance público del reclamo.

Ello permite reconocer que la visibilidad de la campaña se vinculó a la capacidad organizativa de los colectivos impulsores y, en diálogo con ello, a su inserción en entramados relacionales más extensos, donde otrxs actorxs también contribuyeron a expandir la circulación del reclamo hacia públicos y escenarios institucionales diversos. Estas articulaciones, sin embargo, no implicaron condiciones equivalentes de intervención: mientras algunos espacios contaban con mayores capacidades de alcance, infraestructura comunicacional o inserción en circuitos amplificados de visibilidad, otros dependieron precisamente de esas mediaciones para proyectar públicamente sus demandas.

Junto con lxs actorxs organizacionales, el análisis permitió identificar también cuentas individuales, de activistas indígenas, con roles de mediación política dentro de la red. Así, en el corpus relevado aparecen cuentas de referentxs indígenas que mencionan e interpelan a organismos estatales y a figuras públicas vinculadas al operativo censal, como @INDECArgentina, @MarcoLavagna y otras cuentas institucionales o mediáticas. En este tipo de intervenciones, la circulación no se orientó únicamente a la difusión entre pares sino también a la interpelación estratégica de destinatarios institucionales. Desde esta perspectiva, las redes sociodigitales no operaron solo como entornos de amplificación, sino también como espacios de direccionamiento político de la demanda.

En este entramado reconocemos una trama de actorxs con roles diferenciados pero complementarios: organizaciones indígenas que construyeron, territorializaron y legitimaron la demanda; medios comunitarios y agencias indígenas que produjeron narrativas propias; actorxs sindicales, feministas y de derechos humanos que ampliaron la capacidad de circulación; y cuentas individuales que funcionaron como nodos de mediación entre territorios, instituciones y plataformas. En particular, el corpus permite advertir el papel de mujeres indígenas y de espacios vinculados a agendas de género a lo largo de toda la campaña y en momentos específicos de particular activación pública de la misma, por ejemplos en torno a la performance del 5 de septiembre y a las acciones de interpelación institucional asociadas.

En conjunto, el análisis muestra que la circulación digital de la campaña no respondió a dinámicas espontáneas ni homogéneas de difusión, sino a una estructura relacional sostenida en mediaciones diferenciadas entre actorxs con condiciones diferentes de producción, amplificación e interpelación pública. Esta configuración resulta relevante, en parte, para comprender cómo una demanda situada logró proyectarse hacia circuitos ampliados de reconocimiento público e incidencia estatal.

El análisis del caso también permite reconocer que la visibilidad alcanzada por la campaña no estuvo exenta de condicionantes. Como señalamos previamente, las prácticas activistas que, en los actuales contextos de digitalización, articulan territorios comunitarios, medios, plataformas digitales y espacios institucionales, pueden ampliar las condiciones de circulación pública de una demanda, pero no quedan exentas de ciertas desigualdades que atraviesan cada una de esas espacialidades. En ese sentido, nos interesa cerrar esta propuesta de análisis atendiendo a algunas fricciones que emergen de los materiales recolectados y a otras que formulamos como hipótesis interpretativas a partir del trabajo más amplio con activismos indígenas.

En primer lugar, es posible observar una tensión entre ampliación de la visibilidad y simplificación de la demanda. Las redes sociodigitales favorecen la circulación de consignas sintéticas, hashtags y piezas gráficas capaces de interpelar a públicos amplios, pero esa misma lógica de las redes tiende a privilegiar formulaciones breves y fácilmente reconocibles. En el caso de la campaña en torno a #ArgentinaPlurilingüe, esto no anuló la complejidad del reclamo, ya que medios comunitarios, agencias indígenas y notas extensas permitieron desarrollar argumentos. Sin embargo, sí permite plantear una tensión analítica más general: la visibilidad ampliada puede requerir traducciones y condensaciones que no siempre expresan la complejidad política, territorial e histórica de las demandas indígenas.

En segundo lugar, identificamos una fricción vinculada a las desigualdades de acceso y conectividad respecto de las plataformas. En este caso, la campaña logró articular territorialidades comunitarias con redes digitales y espacios mediáticos, pero esa articulación no supone que todxs lxs actorxs involucradxs tengan posibilidades de participar en iguales condiciones. Como plantean algunos colectivos indígenas, el tránsito por entornos digitales está restringido por desigualdades en el acceso a equipamiento, conectividad, saberes técnicos, tiempo disponible y condiciones materiales para sostener la producción comunicacional (Müller y Ortega Portal, 2022; Doyle y Cabral, 2023; Venier, 2024; Doyle y Ortega, 2025). En la experiencia que analizamos, la centralidad de ciertas cuentas y organizaciones en la circulación pública permite inferir que la visibilidad digital dependió en buena medida de mediadores con capacidad de producción, conectividad y articulación previa.

En tercer lugar, la campaña permite advertir una tensión entre reconocimiento institucional y reconocimiento efectivo de derechos. Tal como plantearon actorxs impulsorxs de la experiencia, la incorporación de una pregunta censal puede constituir un avance relevante en términos de visibilidad estadística, pero también puede ser leída, si se la separa de políticas lingüísticas efectivas, como un gesto de reconocimiento limitado. En este punto, la propia campaña buscó evitar una lectura meramente simbólica o patrimonialista de las lenguas indígenas, insistiendo en su vínculo con derechos, políticas públicas, racismo estructural y participación indígena en el operativo censal. Por ello, se entiende que el logro de visibilidad no agota la disputa: abre un campo de exigibilidad sobre las condiciones estatales, comunicacionales y territoriales necesarias para sostener esos derechos.

En cuarto lugar, interesa considerar algunos riesgos asociados a la exposición pública de las demandas. Si bien el análisis sistemático de comentarios hostiles no constituyó un eje central de esta investigación, el relevamiento permitió identificar algunas expresiones puntuales de deslegitimación hacia la campaña y sus actorxs impulsorxs. Entre ellas, aparecieron cuestionamientos a la participación de referentes indígenas asociados a territorios distintos de aquellos en los que se desarrollaban determinadas actividades; críticas al propio operativo censal, presentado por algunxs usuarixs de redes como una instancia basada en percepciones antes que en supuestos criterios “objetivos”; y comentarios particularmente hostiles hacia mujeres y diversidades indígenas participantes de la campaña. Aunque estas expresiones no aparecen con un volumen que permita caracterizar la recepción pública de la campaña como hostil, sí puede advertirse una tensión: la ampliación de la visibilidad pública puede habilitar mayores posibilidades de reconocimiento e incidencia, pero a la vez exponer las demandas a formas de deslegitimación, de violencia política y social. En este punto, otros trabajos sobre activismos indígenas en entornos digitales (Doyle y Cabral, 2023) permiten advertir que este tipo de hostilidad –especialmente cuando intersecta discriminaciones étnicas, disputas territoriales y desigualdades de género– no constituye una excepcionalidad, sino un riesgo recurrente al que se ven sometidxs quienes llevan adelante disputas en esos entornos.